Iniciativa de Ley – Desempeño Gubernamental

Panamá, como Estado soberano y democrático, ha recorrido un camino significativo hacia la consolidación de sus instituciones públicas en los últimos 30 años. Sin embargo, los cambios económicos, políticos, sociales y administrativos que acompañan cada transición de gobierno han revelado áreas de mejora, especialmente en la gestión y desempeño de las instituciones y funcionarios públicos. Para mantener una continuidad y estabilidad institucional, es fundamental contar con herramientas que permitan evaluar y fiscalizar el desempeño gubernamental de manera objetiva y transparente.

Necesidad de una Evaluación Objetiva y Transparente

En la actualidad, el control y la evaluación del desempeño gubernamental en Panamá son, en gran medida, cualitativos y fragmentados. La ciudadanía exige resultados concretos y transparentes de las instituciones públicas, tanto en términos de calidad como de cantidad. La ausencia de una autoridad dedicada exclusivamente a la supervisión y fiscalización de los resultados de las oficinas y funcionarios limita la capacidad del Estado para rendir cuentas de manera efectiva.

Modelos Internacionales y Regionales

Países como Estados Unidos, Costa Rica, Argentina y México han implementado sistemas de evaluación de desempeño que han demostrado ser eficaces. La modernización de la Ley de Desempeño y Resultados en Estados Unidos en 2010, conocida como el GPRA Modernization Act, establece un marco de evaluación basado en metas y objetivos específicos, medibles y alcanzables. En la región, Costa Rica cuenta con el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), Argentina con el Ministerio de Modernización, y México con el Sistema de Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental (SIMDEG). Estos modelos proporcionan ejemplos valiosos de cómo un sistema de evaluación de desempeño puede mejorar la eficiencia y transparencia gubernamental

Situación Actual en Panamá

En Panamá, actualmente contamos con la Secretaría de Metas Presidenciales, enfocada en la gestión de proyectos a nivel de gobierno central, y la Contraloría General de la República, que se centra en la fiscalización financiera. Sin embargo, ninguna de estas entidades tiene la competencia específica para evaluar el cumplimiento de los objetivos y el desempeño de las instituciones públicas de manera integral. La Dirección General de Carrera Administrativa tiene un alcance limitado y no cubre todos los aspectos necesarios para una evaluación completa del desempeño.

Transformación de la Dirección General de Carrera Administrativa

Este anteproyecto de ley propone la modificación de la Ley 9 del 20 de junio de 1994, transformando la Dirección General de Carrera Administrativa en la Autoridad Autónoma de Evaluación de Resultados y Desempeño Gubernamental. Esta entidad será independiente, con autonomía administrativa y financiera, encargada de evaluar el desempeño de las instituciones públicas y funcionarios del Estado. Esta autoridad operará bajo los principios de independencia, objetividad y transparencia, asegurando que los ciudadanos reciban una atención eficiente y eficaz por parte del gobierno.

Objetivos y Beneficios Esperados

Transparencia y Rendición de Cuentas: La nueva autoridad promoverá la transparencia y rendición de cuentas al publicar informes anuales y resultados de las evaluaciones de manera accesible al público.

Mejora Continua: Basándose en datos y evidencia objetiva, la autoridad identificará áreas de mejora y recomendará acciones para optimizar el desempeño de las instituciones públicas.